Opinión

Libro Blanco del Empleo Autónomo de las Personas con Discapacidad - Postfacio (*)

Por Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI

24/08/2022

La participación comunitaria y la inclusión social de las personas con discapacidad pasa antes por su empoderamiento económico, que viene casi siempre determinado por el empleo, por el despliegue de una actividad productiva que genere valor, tanto a la persona como al entorno, a su comunidad de pertenencia. De ahí, la relevancia que, para el movimiento social de la discapacidad, posee y ha poseído siempre el empleo, asunto que figura en posiciones primordiales en nuestra agenda política al servicio del cambio. No cualquier empleo, sino aquél que es digno y decente, pues ese bien social, para serlo realmente, ha de estar calificado con esos atributos. Para las personas con discapacidad, el empleo ha sido -y lo sigue siendo- un bien escaso, pues los obstáculos para el acceso, permanencia y progreso son todavía muy firmes y severos. La exclusión laboral es el paisaje vital de muchas personas con discapacidad, triste estado de cosas que el activismo de la discapacidad trata de revertir modificando las condiciones estructurales que inducen o al menos mantienen esa situación. Incidiendo en la toma de conciencia, la de la sociedad, pero también la de la propia persona, que ésta se persuada de sus potencialidades laborales, pese a los mensajes tácitos de disvalor que recibe continua e insistentemente; incidiendo en los entornos previos al empleo, como el educativo, para asegurar un sistema de enseñanza inclusivo que proscriba cualquier segregación o trato aparte y apartado; incidiendo en el medio que rodea a la persona, que no es neutro, pues si acumula barreras de accesibilidad, por ejemplo, se convierte en factor determinante de disuasión y hasta de expulsión del trabajo; incidiendo en la legislación y en las políticas activas de empleo, para que asuman con decisión la perentoriedad de promover eficazmente el empleo de las personas con discapacidad. A esas tareas propias del sector social de la discapacidad, a propósito del empleo, se añaden, de grado y a la fuerza, la propia iniciativa económica generadora de oportunidades laborales, de rostro social, bien de modo colectivo como de emprendimientos personales. No dejamos registro ocioso, pues todos los esfuerzos son pocos, que no vanos, para que la inclusión laboral sea un horizonte posible y plausible para las personas con discapacidad.

• 1º Situar en las primeras posiciones de la agenda política y de la acción pública oficial en materia de emprendimiento económico de iniciativa social y de autoempleo a las personas con discapacidad, como sector social sometido a una más aguda exclusión laboral que necesita de un conjunto sistemático y estructurado de medidas de acción positiva para alcanzar la autonomía económica, a través del acceso a un empleo decente. El enfoque y el abordaje será siempre el consagrado en el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dedicado al empleo, que operará como referencia ineludible de la legislación y las políticas públicas.
• 2º Promover la elaboración, aprobación y promulgación de una Ley estatal de Fomento del Emprendimiento Social, que establezca un marco ambicioso de regulación, apoyos e incentivos al emprendimiento económico de iniciativa social. En este nuevo entorno legal transversal, estaría incluida la iniciativa social, individual y colectiva, de las personas con discapacidad y sus familias.
• 3º Acometer la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007, de 11 julio) para establecer un título, de nueva creación, dedicado monográficamente a los trabajadores autónomos con discapacidad, que supusiera un auténtico marco público de incentivos, tanto regulatorio como de apoyos, al trabajo autónomo de personas con discapacidad. Sería una ordenación legal amplia, vigorosa, socialmente útil, a la altura de las demandas sociales, con vocación de regulación integral. Abarcaría desde qué se entiende oficialmente por trabajador con discapacidad a efectos de trabajo autónomo, pasando por un cuadro ordenado y sistematizado de apoyos y ayudas generoso, que como mínimo gozara de la misma intensidad del existente para las empresas que contratan a trabajadores con discapacidad (por cuenta ajena), hasta una serie de medidas de carácter social y de Seguridad Social, que comporte un estímulo genuino para que más personas con discapacidad, tanto originaria como sobrevenida, y con especial atención a los grupos de especiales dificultades de inserción, se incorporen o se mantengan en el medio laboral en condiciones dignas.
• 4º Toda la acción pública, la legislación y demás disposiciones normativas, las estrategias, programas y medidas enmarcadas en las políticas activas de fomento del emprendimiento social y el autoempleo de personas con discapacidad, considerará de modo reforzado (enfoque de género) la realidad, las demandas y las necesidades de las mujeres con discapacidad, como sector sometido a una exclusión laboral y social más severa.
• 5º Abrir, mediante las modificaciones normativas pertinentes, la reserva de contratos reservados por razón social y de inclusión en la Ley de Contratos del Sector Público a los trabajadores autónomos con discapacidad, equiparándolos en este ámbito a las condiciones que ya disfrutan los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y las Empresas de Inserción.
• 6º Aprovechar la nueva programación de los fondos estructurales de la Unión Europea, para plantear la creación en España, en el marco del Fondo Social Europeo, de una Estrategia Nacional de Trabajo Autónomo y Discapacidad (TAD), de carácter específico, que promueva holísticamente la inclusión laboral de personas con discapacidad a través del emprendimiento y el autoempleo. En el despliegue y ejecución de las vías y medidas, de esta Estrategia, participarán las organizaciones representativas del trabajo autónomo y las entidades del sector social de la discapacidad más significadas en la esfera del empleo.
• 7º Revisar toda la legislación fiscal relevante a efectos de emprendimiento y trabajo autónomo, para establecer un tratamiento tributario especialmente favorable para los trabajadores autónomos con discapacidad y para los autónomos en general que contraten a personas con discapacidad, como expresión de medidas de acción positiva en la esfera fiscal destinadas a promover esta modalidad de emprendimiento social o la inclusión laboral de grupos económicamente excluidos.
• 8º Promover las reformas normativas necesarias para extender a los trabajadores autónomos con discapacidad, con igual intensidad y alcance, las condiciones de protección reforzada vigentes en la regulación de la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad (Régimen General), así como cuantas otras existan en el ordenamiento de la Seguridad Social para la protección social de las personas con discapacidad por cuenta ajena, a fin de que el tratamiento entre regímenes sea equiparable.  
• 9º Adoptar en el seno de las políticas públicas de desarrollo rural, una estrategia específica de promoción del emprendimiento y del trabajo autónomo de personas con discapacidad, originaria y sobrevenida, en el medio rural, que favorezca la inclusión laboral en condiciones dignas y decentes, el arraigo en el territorio, la lucha contra la despoblación y la sostenibilidad ambiental.
• 10º Crear en el seno del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo un grupo de trabajo específico sobre promoción del trabajo autónomo entre las personas con discapacidad, que plantee al Ministerio de Trabajo y Economía Social un estudio de situación y un elenco de propuestas y medidas de actuación para estos fines.